Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el apartado tres de la disposición final segunda de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Refiere el Alto Tribunal que la STC 148/2021 ha concluido que no afecta a la libertad de empresa la adopción de medidas como las reflejadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que encuentra cobertura la Orden impugnada. En detalle, en el denominado "proceso de desescalada" no se vislumbra quebranto de los arts. 14 y 9.3 de la Constitución por la inclusión del comercio minorista, hostelería y restauración y la no inclusión del sector del juego privado. A este último respecto señala la sentencia que es relevante el intercambio de objetos entre empleados y clientes (cartones, fichas) o el uso de equipamientos (máquinas de azar o apuestas) por múltiples usuarios. No hay, por tanto, discriminación al no existir un término válido de comparación ni tampoco arbitrariedad dadas las especiales características de la actividad.
Resumen: Confirma la sentencia apelada que estimó la acción de responsabilidad del administrador por daños y le condenó al pago de la deuda societaria. Recuerda que la LSC no establece que el incumplimiento por los administradores de la obligación de depósito de cuentas en el Registro Mercantil determine por sí sola la obligación de responder por las deudas sociales, ni tampoco que de dicha conducta omisiva haya de presumirse la paralización de la sociedad o la imposibilidad de cumplimiento del fin social, sino que, en todo caso, debería demostrarse la relación de causalidad entre esta falta de depósito y el daño causado. No obstante, la prueba de la existencia del déficit patrimonial o de la inactividad social puede verse favorecida en situaciones de dificultad probatoria por hechos periféricos, entre los que puede encontrarse la omisión del depósito de cuentas.¡, de manera que la falta de presentación de cuentas anuales opera, al menos, una inversión de la carga probatoria, de suerte que será el demandado el que soporte la necesidad de acreditar la ausencia de concurrencia de la situación de desbalance pues tal actuación imposibilita a terceros el conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, lo que genera la apariencia de una voluntad de ocultación de la situación de insolvencia.
Resumen: Recurso de reposición. Inadmisión de medio de prueba. Desestimación.
Resumen: Se cuestiona en el proceso una resolución que impone a un funcionario de policía una sanción de suspensión de funciones por dos meses al considerarle responsable de una falta grave, (haber sido condenado en virtud de Sentencia firme por un delito doloso). Caducidad del Procedimiento. La caducidad es diferente de la prescripción y se proyecta sobre el "derecho al procedimiento, constituyendo una forma de terminación de los mismos, y al igual que la prescripción, defiende a los administrados contra la inseguridad jurídica que se derivaría de una situación indefinidamente abierta. Es cuestión pacífica el que el instituto de la caducidad es aplicable a los procedimientos disciplinarios de los funcionarios públicos, pues así lo exigen razones de seguridad jurídica y la garantía frente a dilaciones indebidas. Normativa aplicable. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario y su notificación al interesado deberá producirse en un plazo que no podrá exceder de seis meses desde la fecha del acuerdo de incoación del expediente. Cómputo de plazos. Se superó el plazo de seis meses legalmente previsto. Caducidad existente. Estimación del recurso contencioso-administrativo.
